El Cotidiano
ISSN: 0186-1840
Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Azcapotzalco México
Isunza Vizuet, Georgina; Méndez Bahena, Benjamín Familia,
violencia y conductas delictivas en la ciudad de México El Cotidiano, vol. 18,
núm. 111, enero-febrero, 2002, pp. 36-46 Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco Distrito Federal, México Disponible
en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32511105
Familia, violencia y conductas delictivas en
la ciudad de
México*
Georgina Isunza Vizuet* Benjamín
Méndez Bahena*
Este trabajo analiza la forma en que
se vinculan las conductas antisociales (delictivas) con los cambios que ha
tenido durante los últimos veinticinco años la estructura y roles desempeñados
en el ámbito familiar. La violencia que se vive cotidianamente en este espacio
constituye un componente esencial que dificulta el proceso de socialización de
los individuos, principalmente niños y jóvenes, aumentando su propensión a
transgredir la norma social y jurídica. No obstante, la violencia que se ejerce
en contra de los propios miembros de la familia es escasamente tratada como un
problema del orden público. Se observa, asimismo, que el mayor ejercicio de la
violencia tiene lugar en familias más bien tradicionales en las que prevalece
la estructura patriarcal, que en el nuevo tipo de hogares en los que la mujer
tiene participación en la actividad económica y cierto grado de incidencia en
las decisiones públicas y privadas.
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U |
na
preocupación central de la mayor parte de los gobiernos en el mundo es el
ascenso delictivo que se torna cada vez más violento. Los crímenes violentos
representan, en promedio, entre el 25% y el 30% de los delitos en las ciudades
latinoamericanas.[1]
Como parte de este entorno social, la violencia en el hogar contra mujeres y niños
constituye un componente esencial de las conductas delictivas, pues reproduce
las relaciones de subordinación de la mujer y menoscaba la capacidad de los
menores para integrarse a la vida social. Sin embargo, en la cultura política
de los países latinoamericanos, prevalece la percepción de que la violencia en
el entorno familiar no pertenece a cuestiones del orden público y, por tanto,
no se consideran asuntos de incumbencia ciudadana.[2]
En
la actualidad, la familia sigue desempeñando un papel decisivo en la
transmisión de hábitos, costumbres y valores, en el proceso de socialización de
los individuos, en la construcción de la identidad, de normas de conducta y en
el fortalecimiento de lazos afectivos.
Desde
hace más de veinte años, la estructura y función de la familia se está
transformando, sobre todo en las ciudades; a pesar de ello, no se puede ignorar
que, a lo largo de la historia el trabajo de las mujeres se ha subordinado a
una estructura patriarcal y la actual necesidad de romper con estas relaciones
de dominio descansan sobre la capacidad de las mujeres de gestionar la
organización de la vida cotidiana en los espacios públicos a fin de resolver
las nuevas necesidades en la vida familiar. En consecuencia, existe una
dificultad para vincular las conductas antisociales con los cambios en los
roles y estructura de las familias, pues este tipo de ilícitos cometidos en el
seno familiar se denuncian escasamente.
De
esta preocupación se desprende el objetivo del presente trabajo: contribuir a
la discusión sobre la relación entre la estructura y función de la familia con
las conductas delictivas. La hipótesis que lo sustenta asocia a la delincuencia
con el ejercicio cotidiano de la violencia familiar[3] que se presenta
fundamentalmente en familias con estructuras y roles más tradicionales (con
jefatura masculina y líneas de subordinación de la mujer y los niños), pues la
violencia cotidiana en el hogar se ejerce siguiendo estas líneas jerárquicas.
Se pone énfasis en la ciudad de México porque en ella se cristalizan los
cambios sociodemográficos, económicos, tecnológicos, culturales y políticos que
dan contexto a la vida familiar en un medio urbano.
En
la primera parte se analizan las tendencias demográficas y económicas que
condicionan el cambio en la estructura familiar. En la segunda, se caracteriza
la violencia que se ejerce en el ámbito familiar por tipo de hogar y desde la
perspectiva de género. En tercer lugar, se aborda el análisis de la violencia y
las conductas delictivas de los menores, y, por último, se reflexiona acerca de
la relación entre la violencia familiar y la incidencia delictiva, así como la
dificultad para su reconocimiento como objeto del orden público.
Transformaciones
socioeconómicas y estructura familiar y estructura familiar
En
los últimos veinticinco años, la familia ha transformado paulatinamente su
estructura, dinámica y forma de organización, debido principalmente a factores
económicos, tecno-productivos y sociodemográficos como, por ejemplo, la mayor
participación femenina en el mercado laboral y la actividad económica en
general, la progresiva integración de las mujeres a la vida pública, la
reducción de la fecundidad, la prolongación del promedio de vida y la unión de
pareja más tardía, así como el mayor nivel de instrucción de la mujer.
La
tasa de participación femenina en la actividad económica[4] ha crecido de manera
sostenida: 17% en 1970, 35% en 1995 y 37% en 1997 y representa actualmente
cerca del 38% de la PEA.[5] La brecha existente entre hombres y mujeres
tiende a cerrarse (véase Gráfica I).
La
tasa específica de participación femenina pasa de 35% en 1991 a 40% en 1997, en
áreas con mayor urbanización, mientras que en áreas menos urbanizadas llega a
34% en 1997. En la ciudad de México, para el año 2000, el 38% de la PEA total
es femenina y la tasa de participación ascendió a 41%, cifra superior a la
nacional que llegó a 31.3%. Existe también un incremento de la edad promedio de
las mujeres que participan en la actividad económica, pues entre 199l y 1997
las mujeres de 30 a 39 años pasaron de representar el 41.5% al 49.0% y aquellas
de 40 a 49 años, de 37.4% a 45.4%.[6]
Aunque
la estructura laboral aún se encuentra masculinizada, existen actividades con
participación predominantemente femenina: el comercio capta el 21.7% del
empleo; otro tipo de servicios, exceptuando el gobierno, 15.0%; manufactura el
12.3%; y los servicios educativos el 10.4%. Por tipo de ocupación destacan las
oficinistas (18.2%); comerciantes y dependientes (16.8%); trabajadoras
domésticas (12.4%); prestadoras de servicios personales (8.0%) y trabajadoras
ambulantes (3.7%).[7]
El
tipo de trabajo que desempeña la mujer es diferenciado: por un lado, un sector
se desarrolla en el ámbito administrativo y educativo; por otro, se inserta en
un tipo de ocupación marginal y de baja remuneración que exige un menor grado
de instrucción y de desarrollo de habilidades. El significado del trabajo
femenino es diferente si hablamos de sectores medios o de sectores populares.
En los sectores medios, el trabajo significa para la mujer desarrollo personal,
una actividad complementaria, o bien una forma de mantener un status social. En
contraste, para los sectores populares, el trabajo femenino es útil y
satisfactorio, una actividad secundaria o bien una necesidad para el bienestar
y educación de los hijos.[8]
Cabe
destacar la incorporación masiva de la mujer en el sector informal a pesar de
percibir bajas remuneraciones[9]. Este representa una forma
de complementar el gasto familiar y de hacer compatible el trabajo fuera de
casa con las actividades domésticas; en los sectores comercio y servicios, la
mujer desarrolla el trabajo a domicilio y en el caso de la maquila, opera bajo
el esquema de subcontratación en micronegocios.[10]
Otra
tendencia es que cada vez más mujeres casadas y en unión libre se incorporan a
la actividad económica: la tasa de participación femenina en el caso de mujeres
casadas pasó 25.8% en 1991 a 32.7 en 1997; mientras que para el caso de mujeres
que viven en unión libre pasó de 22.8% a 32.6%.[11] Esto significa que no
sólo la necesidad económica de manutención familiar suscitada por divorcios y
separaciones constituye un motivo para fomentar la mayor participación femenina
en el empleo. Sin embargo, el desempleo se acentúa más en el caso de la mujer,
debido a que la tasa de desempleo abierto para hombres fue de 3.8% en 1991;
6.4% en 1995 y 2.2% en 1999; mientras que para las mujeres fue de 10.0%, 8.9% y
4.0% en el mismo lapso.[12]
Los
hogares en transición
En
México el ritmo de crecimiento del total de hogares se redujo entre 1992 y 1995
de una tasa media anual de crecimiento de 3.7% a 3.1%. También los hogares
familiares (nucleares y extensos) reducen su tasa de crecimiento al pasar de
3.5% al 3.0%. Se observa también la reducción en la tasa de crecimiento de los
hogares con niños y el incremento de la tasa de hogares con ancianos. Otro
rasgo del actual estilo de vida es el aumento de los hogares unipersonales, lo
que tiene que ver con cambios en los proyectos de vida y la realización de
matrimonios a edades más tardías.[13]
Desde
la perspectiva de género, del total de hogares a nivel nacional, el 79.4% están
dirigidos por hombres y 20.6% por mujeres. En el Distrito Federal la proporción
de hogares dirigidos por mujeres supera a la nacional, asciende a 26%.[14] En la Tabla 1 se observa
que la tendencia al incremento de hogares con jefatura femenina se agudiza
notablemente durante el último periodo.
Existe
una dificultad conceptual para referirse a la jefatura de hogar, pues las
estadísticas hacen referencia al aporte económico principal para el sustento
familiar, pero en los hechos, el reconocimiento del jefe de familia tiene un
trasfondo cultural que asigna al hombre el papel de proveedor, de autoridad
moral y a quien corresponde la toma de decisiones en el hogar. Esta falta de
precisión conceptual ha subestimado en muchos casos el papel de la mujer como
responsable del funcionamiento de su familia y constituye un obstáculo para
reconocer la heterogeneidad de la estructura interna de los hogares, su vínculo
con las condiciones de la vida cotidiana y, desde luego, con la presencia de
violencia en las relaciones familiares.[15] Por ejemplo, existen
hogares en los que la mujer no se reconoce a sí misma como jefa de familia
aunque aporte el ingreso principal, pues ese rol es conferido exclusivamente al
cónyuge.[16]
No
obstante que los procesos de globalización implican una serie de cambios en los
estilos de vida, en la forma de constitución de las familias, en las
actividades de sus miembros fuera y dentro del hogar, aún persisten los roles
tradicionales basados en las responsabilidades domésticas y familiares, en
donde la función que se le asigna a la mujer se reduce a la procreación y
cuidado de los hijos y a tareas domésticas. Así, estos procesos no han
significado cambios sustantivos en la brecha de desigualdad que afecta a la
mayoría de las mujeres ni en la ruptura con relaciones de subordinación al
interior y al exterior de la familia.
La
violencia en el ámbito familiar La violencia en el ámbito familiar En 1999, la
tasa de delincuencia, número de delincuentes por cada 1000 habitantes, en
México llegó a representar 1.9%; en el Distrito Federal ascendió a 2.3%. Desde
la perspectiva de género, sobresale la figura masculina cuya tasa llegó a 4.2%
en comparación con la femenina que registró una tasa de 0.6%.[17] Adicionalmente, el
promedio diario de delitos cometidos y denunciados en esta entidad, pasa de 336
en 1993, a 700 en 1997, año en el que alcanza su máximo nivel, y aunque
desciende levemente en el año 2000 (496) no alcanza los niveles de 1993. [18]
A
pesar de que la violencia urbana y las conductas delictivas constituyen un
factor de alarma social, se han explicado frecuentemente de manera parcial y
fragmentaria. En las ciencias sociales, se remite constantemente el fenómeno
delictivo a la teoría de la ruptura o de la anomia, que alude a las dimensiones
estructurales y sociales, como desajustes del orden social, en cuyo caso,
existe una alta correlación entre pobreza y delincuencia, debido a la ruptura
entre las aspiraciones de progreso del individuo y los medios económicos,
culturales y socialmente aceptados para alcanzarlas.
Tanto
en la percepción ciudadana como en los discursos gubernamentales la teoría de
la ruptura social tiene gran influencia ya que frecuentemente se considera a la
violencia urbana como expresión de la desigualdad y la pobreza, tal como lo
muestra la Encuesta de Victimización y Percepción Ciudadana sobre la Seguridad
Pública, en la que el 57.3% de los entrevistados señalaron a la pobreza y la
falta de empleo como las primeras causas del ascenso delictivo en la ciudad de
México.[19] En contraste, las
estadísticas reconocen que en México los hogares que ejercen la violencia
representan el 30%, y que de ellos, el 85% tienen jefatura masculina,[20] lo que indica que hay más
violencia en los hogares dirigidos por hombres.
El
hecho de que las mujeres trabajen y asuman en muchos casos la jefatura
económica del hogar, ha sido un factor central de conflicto en sus vidas,
porque tienen que defender el derecho a ejercer una actividad remunerada para
brindar mejor calidad de vida a sus hijos. En los relatos de estas mujeres
aparece la violencia física y psicológica como un rasgo sobresaliente en las
familias.[21]
En
el Area Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM), se registra que el tipo de
hogar que ejerce la violencia pertenece fundamentalmente a un estrato
socioeconómico medio bajo; es decir, no son precisamente los sectores más
marginados los principales responsables de este tipo de violencia (véase Tabla
2).
En
la Tabla 3, se puede observar que el aspecto educativo tiene mayor incidencia
en el grado y formas de ejercicio de la violencia, ya que, en el AMCM, se
registra un mayor número de casos de violencia en hogares con menores grados de
instrucción y viceversa. Otro aspecto importante es que predomina la violencia
sexual, la intimidación y la violencia física en el caso de los jefes de
familia que no tienen instrucción. En contraste, la violencia física y emocional
representan las principales formas que se ejercen en hogares con mayor nivel de
instrucción de los jefes. En pocas palabras, existe mayor correlación entre la
violencia familiar y el nivel de instrucción que con respecto al nivel
socioeconómico.
Si
atendemos al nivel de instrucción de la víctima, se puede afirmar que tampoco
son personas con menor nivel de instrucción las principales víctimas. El mayor
número de denuncias de violencia, en promedio diario, se concentra en cuatro
niveles de instrucción: primaria con 6.95 casos, secundaria con 7.52,
profesional técnico con 4.16 y bachillerato con 3.21casos.
Con
base en el análisis de algunos aspectos sociodemográficos en hogares que gistran
casos de violencia familiar en el Area Metropolitana de la Ciudad de México, se
puede determinar que los mayores casos de violencia se concentran en mujeres
cuya edad oscila entre los 18 a 34 años, con 4.7 casos diarios en promedio.[22] Se encontró además que la
mayor parte de casos de maltrato denunciados, se presenta en personas casadas o
que viven en unión libre, mientras que es muy poco significativo en los casos
de divorcios o separaciones (véase Tabla 4).
En
este análisis cabe la reflexión en torno a las atribuciones que, tanto en el
discurso gubernamental, como en la consciencia colectiva, se cataloga a la
desintegración familiar, como causa de la delincuencia.[23] En este sentido, al
término desintegración familiar oponemos algunas objeciones, debido a que se le
han acuñado distintos significados relacionados con una serie de mitos y
estereotipos que impiden su uso como categoría analítica: la disolución del
matrimonio sin importar los motivos (deserción del padre o de la madre,
divorcio o muerte de alguno de ellos); en otros casos, se asocia la
desintegración familiar con la ruptura de la cohesión y el debilitamiento de la
identidad entre los miembros de la familia; en un sentido nostálgico, bajo la
creencia de que en el pasado las familias vivían más felices y en a monía,[24] frecuentemente se
identifica la desintegración familiar con el nuevo tipo de familia o familia en
transición (no patriarcal, no tradicional) en la que la madre trabaja, asume la
dirección del hogar, logra mayor nivel de instrucción o se plantea proyectos
personales.
El
análisis anterior sugiere que existe un mayor ejercicio de la violencia en la
familia que se organiza con base en los patrones tradicionales que en aquellas
familias en transición pues la mayor frecuencia de actos violentos se presenta
en hogares cuyos cónyuges están casados; con jefatura masculina en donde el
nivel de instrucción del jefe es bajo; de un estrato socioeconómico medio bajo,
predominando la violencia física y emocional, ejercida hacia la mujer.
Violencia
y vulnerabilidad de los menores
Además
de las mujeres, uno de los grupos sociales urbanos más vulnerables lo
constituyen los menores. Estos se insertan en una estructura social compleja,
ya que, por un lado, constituyen un grupo social sujeto al maltrato,
prostitución, explotación laboral y otras formas de violencia y, por otro,
constituye un sector que tiene cada vez más presencia en la comisión delictiva.
Un
estudio realizado con familias que tienen un miembro delincuente muestra las
siguientes características: frecuentes desacuerdos parentales en las
interacciones y directivas inconsistentes, sobre todo hacia los menores:
escasez de expresión de afecto, medio familiar hostil y dificultad de
establecer comunicación entre sus miembros, pues el tipo de comunicación que se
establece implica agresión o rechazo.[25]
Participación
laboral de los menores
Según
estudio del DIF y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) [26] existen 14 322 menores
laborando en las calles de la ciudad de México. El 38% trabaja como empacadores
en tiendas de autoservicio, primera actividad en importancia le siguen los
trabajadores en vía pública con el 28% y los niños que ayudan a sus familias en
los mercados públicos representan el 10%. Este estudio hace una diferenciación
entre los “niños de la calle que han roto con todo vínculo familiar por motivo
de maltrato, orfandad, desintegración o falta de afecto familiar” y los niños
que, aunque laboran en la calle, siguen manteniendo vínculos familiares. El
estudio calcula que, el primer grupo, no suman más de 1000, es decir, los niños
de la calle representan menos del 7% de los menores que trabajan.
Así,
exceptuando a los niños de la calle, se considera que el principal motivo para
trabajar, no obstante, su corta edad, es la necesidad económica de su familia,
pues 8 de cada 10 menores que trabajan aportan todo o una parte del ingreso a
la manutención de su parentela y el resto trabaja para cubrir gastos escolares,
a diferencia de los motivos de la mujer para insertarse en el mercado laboral
que, como se mencionó, no son exclusivamente económicos. La mayoría de estos
niños que trabaja en espacios públicos constituye un grupo social vulnerable y
con alta propensión a presentar conductas delictivas debido a que están
expuestos al consumo de drogas, prostitución y, en general, son personas que
crecen con serias carencias afectivas en las relaciones familiares.
Maltrato
infantil
Las
estadísticas de maltrato a los menores reflejan de manera insuficiente la
gravedad de este tipo de ilícitos por varias razones: la escasa denuncia, la
difícil comprobación del mal trato en los casos de maltrato emocional,
negligencia u omisión de cuidados; en el caso de explotación sexual comercial,
un seguimiento periodístico muestra casos descubiertos de pornografía y
prostitución infantil en la ciudad de México;[27] sin embargo, en la
estadística, el registro de este tipo de ilícito es cero. Adicionalmente, no
existen series largas que nos puedan mostrar una tendencia más confiable de los
casos de maltrato infantil, por lo que nos basaremos en los reportes disponibles
por el DIF de 1995 a 1999 en el Distrito Federal, muy pocos de los cuales se
denuncian ante el Ministerio Público (2%)
Se
observan ciertos avances en el reconocimiento de otro tipo de maltrato respecto
al que originalmente se consideraba. Por ejemplo, en 1995 las estadísticas
reportan sólo los casos de maltrato físico, abuso sexual y maltrato emocional;
en 1999 ya se incluyen abandono, omisión de cuidados, explotación sexual
comercial, negligencia y explotación laboral. En la Gráfica II se muestra la
tendencia, ade más se advierte que no en todos los casos se comprobó el
maltrato (en todos los años, se comprueban menos de la mitad de las denuncias
recibidas), lo cual aumenta la impunidad. También se reporta que la mayor parte
de los niños maltratados se refieren a maltrato emocional, representando el 37%
en 1999; el físico, con 32%; la explotación laboral con el 18% y la omisión de
cuidados con el 9% entre los más importantes.
La
violencia que se ejerce en el medio familiar sigue las líneas de subordinación:
el hombre “jefe de familia” ejerce la violencia hacia la mujer y la mujer hacia
los menores. Existen múltiples aspectos que determinan la violencia doméstica,
en el caso de la mujer, aspectos ligados a las condiciones materiales de la
niñez y la adolescencia, el inicio de una relación de pareja y maternidad a
edad temprana, la forma de convivencia al inicio de la relación matrimonial,
las experiencias como madres y el significado mismo de la maternidad, ausencia
de redes al cuidado de los hijos, etcétera.[28] La violencia hacia los
menores se ejerce fundamentalmente por la madre que asciende al 56% de los
casos en 1999; le siguen otras (no especificados) con el 20%; el padre con el
15% y abuelos y madrastras el 3% respectivamente.
La
Gráfica III muestra la tendencia de los casos de maltrato infantil según el
nivel de instrucción, para aproximarnos al rango de edad de las víctimas,
destacando los mayores casos en la primaria (niños entre 6 y 12 años),
siguiendo jardín de niños, lactancia y secundaria.
Los
menores infractores
La
otra cara de la violencia es la creciente participación de menores en la
comisión delictiva y su sometimiento a procesos penales, preocupación tanto de
las instituciones de prevención del delito y readaptación social, de
organizaciones no gubernamentales y organizaciones asistenciales, como de los
organismos internacionales que protegen los derechos del menor y que involucran
el medio familiar. Los principales delitos cometidos por los menores en el año
de 1998 fueron: robo agravado que representaba el 57.4%, robo simple, el 18.8%,
tentativa de robo el 4.1% y lesiones el 4.9%.[29]
En
la Gráfica IV se puede observar una tendencia creciente de las averiguaciones
previas con menor detenido hasta 1997, a partir del cual, la tendencia se
invierte. Por su parte, las averiguaciones previas que no implicaron detención
del menor se incrementaron en el mismo año.
La
mayor parte de menores sujetos a procedimiento están en internamiento o bien
sometidos a un tratamiento en internamiento, mientras que una pequeña
proporción de menores se sujeta a procedimiento en externación, involucrando en
mayor medida el entorno familiar en los procesos.
Actualmente,
gran parte de los casos de violencia familiar y una alta proporción de
conductas delictivas están asociadas al consumo de drogas y alcohol, alcanzando
niveles sin precedente y convirtiéndose en un elemento que irrumpe la cohesión
familiar y altera el funcionamiento y los patrones de relación entre los
miembros de la familia Entre 1990 y 1998, los Centros de Integración Juvenil
ubicados en el Distrito Federal brindaron atención al 34.4% de los pacientes de
primer ingreso atendidos en todo el país. El perfil predominante del consumidor
de drogas es: hombre, hijo de familia, adolescentes y jóvenes, estudiante y/o
trabajador, soltero, consumidor funcional, aunque con lapsos de consumo
superiores a 3 años; veamos algunos indicadores al respecto. De los 16,436
consumidores atendidos en 1998, el 89% son hombres y el 35% ingresaron a los
Centros desde la adolescencia (entre los 15 y 19 años de edad), siendo hijos de
familia. El nivel educativo predominante es de secundaria (48%) mientras que el
21% tiene bachillerato completo y el 22% educación primaria. El 50% de los
pacientes trabaja y el 25% refirió estar desempleado; el 69% son solteros y el
19% casados.[30]
El
46% de los pacientes tienen un lapso de consumo de seis años o más; el 20% de 3
a 5 años y el 12% un año. Los grupos de consumidores predominantes y con mayor
propensión a presentar conductas delictivas son: funcional (57%) y el
disfuncional (19%).[31]
De las personas que asisten a consulta, el 48% está constituido por el propio
consumidor, pero 17% son familiares que participan en la terapia y un 34% de
los casos acuden ambos.[32]
Se
observa que el 36% de los hombres y 33% de las mujeres consideran que la
violencia familiar no debe ser penalizada (con prisión); por otro lado, el 13%
de los hombres y el 10% de las mujeres se expresaron en contra de que se
castigue como delito, mientras que la mayoría de hombres y mujeres sí la
consideran causal de divorcio, es decir, se le apuesta más a la disolución del
matrimonio que a la denuncia como forma defensiva ante la violencia familiar.
Destaca también la percepción de la violencia familiar como un problema
privado, ya que el 88% de las mujeres y el 89% de los hombres se manifestaron a
favor de la frase “la ropa sucia se lava en casa”.
Las
conductas delictivas en la familia: Las conductas delictivas en la familia:
entre lo público y lo privado
Si
bien las estadísticas delictivas muestran ciertas tendencias de la violencia
urbana, reflejan insuficientemente la importancia de los delitos que se cometen
por alguno de los miembros de la familia, pues estas violaciones a las leyes no
se catalogan como delitos dentro de la familia y en general son tolerados a
pesar de generar violencia, porque se basan en las relaciones jerárquicas y de
subordinación que prevalecen entre la víctima y el agresor al interior de la
familia, es decir, en el ámbito familiar no operan las leyes que rigen el orden
público, por lo tanto, existe un alto índice de impunidad en este tipo de actos
delictivos. Los resultados de una encuesta que aplicó el INEGI exploran la
percepción y creencias que prevalecen acerca de la violencia familiar (véase
Tabla 5).
Se
observa que el 36% de los hombres y 33% de las mujeres consideran que la
violencia familiar no debe ser penalizada (con prisión); por otro lado, el 13%
de los hombres y el 10% de las mujeres se expresaron en contra de que se
castigue como delito, mientras que la mayoría de hombres y mujeres sí la
consideran causal de divorcio, es decir, se le apuesta más a la disolución del
matrimonio que a la denuncia como forma defensiva ante la violencia familiar.
Destaca también la percepción de la violencia familiar como un problema
privado, ya que el 88% de las mujeres y el 89% de los hombres se manifestaron a
favor de la frase “la ropa sucia se lava en casa”.
Reflexiones
finales
Lo
expuesto permite contribuir al debate de algunas ideas aceptadas generalmente
como causales de la delincuencia, al cuestionar la relación entre pobreza,
desintegración familiar y delincuencia, debido a que se muestran evidencias de
que existe un vínculo más estrecho entre la violencia y las conductas
delictivas en el seno de familias patriarcales.
El
trabajo pone de manifiesto, además, la dificultad que enfrenta, en los hechos,
el catalogar el ejercicio de la violencia familiar como una conducta delictiva
que concierne al ámbito de lo público. Esta resistencia manifiesta una
situación ambivalente: por un lado prevalece una estructura familiar patriarcal
que reclama los roles femeninos de subordinación en la familia y, por otro, la
necesidad de diversificar los proyectos de vida de las mujeres y de generar
nuevas formas de relación con el entorno sociocultural y político, ante una
serie de cambios que caracterizan el actual mundo globalizado.
En
consecuencia, es necesario profundizar en esta línea de investigación a fin de
explicar los viejos y nuevos problemas que enfrenta la institución familiar en
el contexto de transición democrática que empieza en nuestro país, en los que
se tienen que revalorizar los principios de diversidad, pluralismo y respeto de
las diferencias presentes en las democracias contemporáneas.
*Publicado con fines educativos.
[1] Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), 1995.
[2] Molina,
Natacha, Revista Feminista Internacional Lolapres Montevideo No. 6, noviembre
de 1996-abril de 1997
[3] Se
utiliza este término y no el de violencia intrafamiliar –a pesar de ser el más
difundido– porque este último oculta una serie de determinantes macrosociales
de la violencia que se ejerce en las relaciones familiares –además de que
impide reconocer la naturaleza pública de este problema.
[4]En
proporción a la población femenina total de 12 años y más.
[5] Consejo
Nacional de Población (CONAPO) Documento: Participación de las mujeres en la
actividad económica. Consulta electrónica:
[6] INEGI, 2001, Indicadores Sociodemográficos de
México 1930-2000, México y Encuesta Nacional de Empleo 1991, 1996 y 1997.
[7] Ídem.
[8] García,
Brígida y De Oliveira, A., Trabajo Femenino y Vida Familiar en México, El
Colegio de México, México, 1998. González, Ma. Luisa, “El trabajo femenino en
el sector informal” en González, Ma. Luisa (coordinadora), Los Mercados de
Trabajo Femenino. Tendencias recientes. Ed. Miguel Angel Porrúa, UNAM, IIES,
DGPA y Programa Nacional de la Mujer, México.
[9]Del
total de mujeres ocupadas en 1995, el 42% percibían menos de un salario mínimo
o no percibía ingreso. El 61% no tenía prestaciones y el 56.6% trabajaba más de
35 horas a la semana (González, Ma. Luisa, op. cit).
[10] González,
Ma. Luisa, op. cit
[11] INEGI,
Encuesta Nacional de Empleo 1991, 1996 y 1997
[12] 2
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, Tabulados de la Muestra
Censal. Cuestionario Ampliado, México.
[13] Ídem.
[14] Ídem.
o
[15] Esquivel,
Ma. Teresa. “Hogares encabezados por mujeres: un debate inconcluso”, en Revista
Sociológica núm. 42, Balance y nuevas problemáticas en los estudios urbanos,
UAM Azcapotzalco, Año 15, enero-marzo de 2000, México.
[16] García
y Olivera Op. cit. Op.cit.
[17] INEGI, 2001,
[18] Arriagada,
Irma y Godoy, Lorena, 1999. Seguridad ciudadana y violencia en América Latina:
diagnóstico y Políticas en los años noventa. CEPAL/ENLAC, serie políticas
sociales núm. 32, Santiago de Chile, Agosto de 1999.
[19] Encuesta
aplicada por los investigadores sobre la Seguridad Pública del CIECAS en las 15
colonias más conflictivas del Distrito Federal, febrero de 2001.
[20] INEGI,
Encuesta Violencia Intrafamiliar, Documento Metodológico y Resultados,
México,1999.
[21] Ibid.
[22] Ibid
[23] .Véase
documento: López Obrador, A. Manuel, “Seguridad Pública” en el Programa de
Gobierno presentado en diciembre de 2000, Distrito Federal.
[24] Salles,
Vania y Tuirán, R., “Mitos y creencias de la vida familiar” en Revista Mexicana
de Sociología núm. 2, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México1996.
[25] Cerfogli, Claudia et. al., “Delincuencia: un
enfoque familiar sistémico” en Revista Chilena de Ciencia Penitenciaria y
derecho pena núm. 18, 3ª época,
[26] 6
Molina, Isabel Directora del DIF y Willy Bezold, delegado de UNICEF, estudio
presentado en La Jornada, 3 de enero de 2000.
[27] 7
Un ejemplo lo encontramos en el barrio de La Merced, en donde opera una red de
explotación sexual de menores mediante la prostitución y la pornografía. Estas
redes son controladas por dueños de loncherías y hoteles. Por su parte, el
Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que, cada año, 2 millones de
niñas y niños entre 5 y 15 años son introducidos al mercado del sexo (Diario La
Jornada, 30 de marzo de 2000).
[28]García
y Oliveira, Op. cit.
[29] INEGI,
1999, Op. cit.
[30] Centros
de Integración Juvenil (CIJ), 1998, Informe de investigación 98-02, México y
consulta electrónica: http://www.cij.gob.mx.
[31] El
consumidor ocasional y el funcional no presentan desajustes conductuales o
psicosociales que le impidan el desarrollo cotidiano de su vida social como el
desempeño laboral y escolar, a diferencia del consumidor disfuncional, que ya
enfrenta trastornos conductuales y en su estado afectivo, deterioro en su
estado de salud y dificultad para mantener relaciones familiares y sociales.
[32] Centros
de Integración Juvenil, 1998, Op. cit.
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