Crisis en el nuevo INEE, Hugo Aboites

Crisis en el nuevo INEE

Hugo Aboites*

En el Senado hay prisa por arraigar la actual reforma educativa y especialmente al nuevo INE (cuyo nombre oficial es Órgano para la Mejora Continua de la Educación). El 9 de mayo se aprobó el nuevo artículo tercero, y el 22 ya circulaba la convocatoria para el registro de aspirantes, y el 6 de junio se dio a conocer la lista de los que resultaron elegibles para formar parte de la Junta Directiva y el Consejo Técnico de ese órgano. Sin embargo –como la reforma misma– el trámite ha sido muy apresurado, y ensayando apenas un procedimiento nuevo ya han aparecido importantes problemas.

El primero de ellos, la falta de un procedimiento confiable para seleccionar a los integrantes. Para fortalecer la idea de un organismo autónomo como conductor de la educación, la nueva reforma de 2019 amplió de cinco a 12 el número de integrantes (sumando Junta Directiva y Consejo Técnico) y agregó, además, un Consejo Consultivo provisto de un número todavía indeterminado de miembros. Esto atrajo a numerosos (127) aspirantes ( La Jornada, 5/6/2019), y propició serias irregularidades a la hora de determinar su elegibilidad. Así, no se detectó que una de las aspirantes a integrar la Junta Directiva había presentado un ensayo fraudulento, donde aparecían como propios textos escritos por otros autores. Es decir, un plagio. Tampoco detectó que otros dos candidatos presentaron ensayos que no cumplieron con algo tan superficial como llegar a las (¡únicamente!) siete cuartillas de un ensayo ( Educación Futura, 6/6/2019). Alguno sólo anexó una cuartilla, pero aparece como elegible. Son sólo tres casos, pero son demasiados, porque representan un tercio de la lista de nueve seleccionados. Si no fuera por esta denuncia periodística, podrían haber formado parte nada menos que de la directiva del órgano encargado de la mejora de la educación nacional. Es claro que el procedimiento no está a la altura de su delicada misión.

El segundo, que el procedimiento, a pesar de que ser distinto al utilizado en el viejo INEE (el Presidente proponía una terna por cada vacante) extrañamente tiende a coincidir en los resultados: también en 2019 –donde proponen instituciones y organismos– aparece la orientación neoliberal-empresarial y cercanía con la OCDE que le dio su peculiar y problemático sello al viejo INEE. De los nueve elegibles para el Consejo Técnico tres están vinculados al desaparecido instituto y/o al Servicio Profesional Docente. Hay, además, quien durante 17 años fue enlace del gobierno mexicano ante la OCDE y otro más es consultor privado sobre calidad educativa . Y entonces no queda nada claro cómo es que se llegó a este listado. ¿No se integró en el procedimiento de elegibilidad el planteamiento optar por candidatos que impulsaran una transformación de la educación alejada de la neoliberal-empresarial, como se repite una y otra vez como propósito de la Cuarta Transformación? ¿O lo que ocurrió fue que las organizaciones proempresariales saturaron el universo de aspirantes? Sería muy importante una respuesta en este punto.

Un tercer problema consiste en plantear que la selección final de los integrantes del órgano tenga lugar antes de la aprobación de las leyes secundarias. Porque es precisamente en éstas donde debería especificarse y dar respaldo legal al perfil que deben tener quienes aspiren a estos cargos. Es decir, que los requisitos, funciones, responsabilidades y orientación que tendrán como integrantes de la Junta Directiva, Consejo Técnico (y Consejo Consultivo) deben discutirse pública y abiertamente y aprobarse finalmente en las leyes secundarias, para que sea la ley la que sirva de base para seleccionar entre los aspirantes. La resistencia de seis años enseñó el valor y la imperiosa necesidad de procedimientos abiertos, sujetos al escrutinio y decisión de quienes representan el grueso del sistema educativo.

En estas condiciones, parece evidente la necesidad de repensar y reponer el proceso. Lo justifican las irregularidades en la selección actual, las dudas sobre la conveniencia de repetir la orientación político-educativa del INEE del sexenio pasado y la necesidad de discutir y darle fundamento legal al proceso. Procede tomar una ruta distinta, más reflexiva y abierta, que dote de legitimidad al órgano. Abrir un periodo de consulta pública y nacional para revisar esto, para que, además, las regiones del país puedan proponer como candidatos a los que conocen como sus talentos locales, los mejores, más conocedores y estrechamente vinculados y comprometidos con la educación y su transformación social. Si algo ha generado la resistencia contra la reforma del ayer, es además una mayor conciencia, cuadros intelectuales de entre los propios maestros y sus apoyos. Esto parece hoy indispensable para la transformación social de la educación en México.

*UAM-Xochimilco

A Elvira, mi madre, mujer esforzada

(1917-2019).

Leyes secundarias, conflicto y salida. Hugo Aboites*

Leyes secundarias, conflicto y salida

Hugo Aboites*

El esquema llama al escepticismo: a pesar de que la habían solicitado meses antes, sólo cuando la reforma ya es irreversible el presidente López Obrador finalmente accede a una reunión con los maestros. Y, por eso, el intercambio con ellos tuvo como uno de sus fines inmediatos aliviar heridas, tomarse la foto, ofrecer la resolución de muchas de las importantes demandas prácticamente todo es atendible, dijo, pero que bien se habrían podido cumplir tiempo atrás. Demandas como reinstalar despedidos, dar justicia y reparación a muertos y heridos. Sin embargo, nada de conceder la marcha atrás a la modificación constitucional.

La reunión respondería, también, al hecho evidente de que hoy la reforma está en un periodo de extrema fragilidad. El crecimiento de protestas magisteriales puede ponerla en peligro porque, parafraseando al clásico, la reforma de Peña Nieto ya no asusta a nadie, pues ya no existe, pero la nueva de AMLO no acaba de nacer. Por eso la fragilidad, porque si la inquietud y el movimiento magisterial contra la nueva reforma ya sin amenaza sigue creciendo, puede llegarse al peor de los escenarios posibles: que se generen serias dificultades políticas, sin llegar siquiera a las físicas, que dificulten la aprobación de las leyes secundarias. Sobre todo cuando ya es posible imaginar que el contenido de las secundarias –producto del predominio que sobre Morena han logrado ya el PAN, PRD, PRI– será un enorme aliciente a la protesta cuando se dé a conocer.

Eso explicaría no sólo la reunión de alto nivel para tranquilizar a toda la dirigencia de los maestros, sino también la prisa de la presidenta de la Comisión de Educación por aprobar las leyes secundarias antes de lo que ahora aparece como el larguísimo plazo de cuatro meses, y explicaría también la apresurada convocatoria del Senado a integrar la Junta Directiva y el Consejo Técnico del nuevo INEE. Para conseguirlo, hasta se invita ya a los críticos.

Pero, en otra hipótesis, si el presidente López Obrador auténticamente está buscando construir un proyecto con los sectores del magisterio más activos, con proyectos educativos regionales e intensas relaciones con las comunidades ésta sería una trascendental oportunidad para arraigarlo institucionalmente. En las leyes secundarias pueden tomarse definiciones muy claras que muestren que se trata de una transformación y no de continuación y simulación. Por ejemplo, tomando como base el actual transitorio décimo sexto, aclarar la inclusión de los maestros a la cobertura del 123 también en el ingreso, promoción y reconocimiento. Y rescatar la idea de un procedimiento de ingreso al servicio educativo, respetuoso de la condición de los egresados de las instituciones de Estado, las normales. Otros ejemplos: retomando frases de la actual reforma, la ley secundaria puede ampliar sustancialmente el papel y ámbito de acción las regiones para impulsar sus proyectos educativos; en el tema de la ciencia definir con claridad y perspectiva social (no de mercado) en qué consiste la innovación, y definir también cuáles son los requisitospermisibles en las instituciones con el fin de no vulnerar el derecho a la educación superior. En el caso del nuevo INEE, lo hasta ahora aprobado no impide que, con el impulso de Morena en el Senado, se establezca como procedimiento que al nombrar a los integrantes de la Junta Directiva y Consejo Técnico, se retomen los candidatos que resulten de un ejercicio de democracia por regiones, entre maestros, estudiantes, comunidades, organizaciones sociales cercanas a la educación y grupos de especialistas. Se evitaría así volver al pasado, cuando el nombramiento fue a partir de sólo la evaluación de los partidos y se tradujo en integrantes con acentuadas visiones y e intereses empresariales (OCDE, Mexicanos Primero) y con una enorme insensibilidad social. Sólo en México la evaluación de maestros llegó a los niveles inauditos de abuso, militarización y barbarie (Nochixtlán) que hemos atestiguado.

En la lectura de una Constitución es común que se asuma la interpretación sesgada que de ella hacen quienes la escribieron. Y así, en la ley de 2013 permanencia fue asumida sin chistar como las razones por las que se puede despedir a un maestro. Sin embargo, cuando en 1980 ese mismo término fue constitucionalmente endilgado a los profesores universitarios, en la ley secundaria institucional permanencia se interpretó y aplicó de manera muy distinta y, además, perfectamente válida. Se estableció qué era lo que debía hacer la institución para asegurar que sus profesores fortalecieran su trabajo y permanecieran en la institución. Durante décadas ha tenido buenos resultado y es una muestra de que si se quiere, la orientación e intencionalidad de los textos también marca la resistencia. Siempre hay una mejor salida.

*UAM Xochimilco

Ponen fin a la condonación de impuestos

El presidente firma decreto

Ponen fin a la condonación de impuestos

Alonso Urrutia

 

Periódico La Jornada
Martes 21 de mayo de 2019, p. 16

A partir de la administración de Vicente Fox los gobiernos otorgaron condonaciones fiscales a contribuyentes privilegiados por más de 400 mil millones de pesos –a valor actual–, de los cuales 54 por ciento –213 mil millones– se concentró en 108 personas morales.

“Es como un huachicol de cuello blanco”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de firmar un decreto que pone fin a esas prácticas abusivas, excesivas e injustas.

Durante la conferencia de prensa mañanera, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, detalló los alcances de esas condonaciones, pero sin dar a conocer nombres: se benefició a 153 mil contribuyentes, de los cuales 58 cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. En 10 de esos casos forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones.

Ríos-Farjat aseveró que se trataba de una práctica creciente, amparada en disposiciones de la Ley de Ingresos y distorsiones de una facultad presidencial contenida en el artículo 39 del Código Fiscal.

Mencionó que en el sexenio de Felipe Calderón se acogieron a ese beneficio 18 mil 302 contribuyentes, cifra que para la administración de Enrique Peña Nieto se incrementó a 135 mil 228.

Los beneficios para esas empresas ascendieron a 161 mil millones de pesos en el sexenio de Calderón a valor actual y fueron 238 mil 971 millones las condonaciones en el periodo 2013-2018.

De los 108 que recibieron mayores beneficios, se ampararon 45 para que no se diera a conocer su información, ante resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai).

Las condonaciones a quienes promovieron esos 45 recursos jurídicos ascienden a 134 mil millones de pesos, aseguró Ríos-Farjat.

Al condenar ese trato privilegiado, López Obrador manifestó que el decreto que firmó pretende acabar con privilegios fiscales. Es hacer valer la Constitución en la letra y en el espíritu de que todos tenemos que contribuir y tiene que haber una recaudación con el principio de progresividad. Deben contribuir más los que obtienen más ingresos. En este caso, muy al contrario, los de mero arriba, en algunos casos no pagaban impuestos o cuando pagaban se les devolvía.

El Presidente adelantó que el detalle de esos datos será entregado al Inai y al Poder Judicial, con el fin de que determinen si se da a conocer la información completa que van a tener en sus manos.

Ayer no se difundió a partir del secreto fiscal.

En el decreto mencionado se estipula que se dejan sin efecto los decretos o disposiciones de carácter general emitidos por el titular del Ejecutivo mediante los cuales otorgaron condonaciones a deudores fiscales.

Ríos-Farjat precisó que se contemplan excepciones consideradas cuando se instituyó la figura encaminada a atender la recuperación económica de una región tras emergencias o cuando enfrenta problemas económicos.

Sin embargo, a partir de Fox esas excepciones se generalizaron para otorgarlas bajo otro esquema y ampliando los márgenes de beneficios.

Si de 2000 a 2006 era una condonación de entre 10 y 12.5 por ciento, en 2006 fue de 80 por ciento previo pago de 20 por ciento de descuento en recargos, multas y gastos de ejecución.

Medida razonable: Concamin

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) calificó de razonable el decreto que da por concluidas las condonaciones fiscales a las grandes empresas. Sin embargo, advirtió que revisará la disposición para evitar que se liquiden los incentivos.

Es algo razonable que haya piso parejo al sector de la industria, desde la pequeña hasta la gran industria, dijo Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, tras la inauguración de la Convención Nacional de Industriales.

En otro orden de ideas, Ríos-Farjat informó que en 2019 se incrementó 11 por ciento la presentación de declaraciones de personas físicas, al pasar de 5.6 millones a 6.2 millones en relación con 2018.

La recaudación en términos reales, en enero-abril, creció 4.5 por ciento respecto del mismo periodo el año anterior. Hay un aumento de 95 mil millones de pesos. Hacia el 23 de abril se alcanzó ya la recaudación del primer billón de pesos.

(Con información de Julio Reyna)

Maestros, nuevas disputas y otros desafíos

Maestros, nuevas disputas y otros desafíos

Lev M. Velázquez Barriga

Se han analizado con abundancia las consecuencias laborales de la reforma educativa que se va y de la que está en proceso, en gran medida, porque los reformistas de la educación han conducido a los docentes a encasillarse en ese debate, explotando las preocupaciones primarias de cualquier gremio, estabilidad en el empleo y condiciones salariales; no obstante, el tema es más complejo y no deben perder de vista que el proyecto neoliberal no se ciñe sobre la implementación de los mecanismos de precarización laboral.

El cambio de las evaluaciones punitivas a las evaluaciones diagnósticas, de los énfasis en la formación y no en la evaluación (al menos así aparece en el discurso), tiene que ver con moldear la mentalidad de los maestros; no podemos negar que junto a ese sector que se rebela reivindicando su identidad colectiva, histórica y pedagógica, hay otro que está siendo colonizado por la ideología neoliberal: defiende el mérito personal como derecho y como principio de la profesión, se ha apropiado de los antivalores de la sociedad del rendimiento, no se opone al proyecto educativo del capital sino que se adapta, le exige transparencia, demanda el cumplimiento de la normatividad y niega cualquier intervención de la organización gremial: son el sueño dorado del patrón.

Esta subjetividad neoliberal del docente promueve la eliminación de la libertad de cátedra y la manipulación de la prácticas pedagógicas, ambas controladas por un sistema complejo de relaciones entre formación-evaluación-promoción-reconocimiento, certificación y mérito individual; cualquier intento de autonomía, de innovación o de restitución de los derechos colectivos está subordinado con uno o más de estos mecanismos; a su vez cada uno de ellos alienta un creciente mercado de capacitaciones en la escuelas privadas o cursos en línea, simulacros para contestar los exámenes, planeaciones prelaboradas, programas curriculares para llenar de contenido la supuesta autonomía, manejo y organización de datos de los alumnos a través de plataformas educativas digitales y, por supuesto, de herramientas tecnológicas. En el caso de la certificación se produce un proceso organizativo para que los directivos se apropien de formas de administración empresarial y que los próximos consejos de evaluación aterricen la organización gerencial de la escuela, pero también de los proceso educativos.

Las evaluaciones punitivas, lo mismo que las diagnósticas y asociadas a la formación, son una mina de datos de los alumnos, maestros, directivos, escuelas y sistemas educativos que son recogidos por los organismo autónomos de evaluación o los llamados multinacionales para crear toda una industria cognitiva. Como ejemplo la alianza del corporativo Pearson con PISA, le ha permitido al monstruo de la producción de libros de texto expandir su negocio en la creación de plataformas de contenidos digitales para reforzar los aprendizajes medidos por la prueba de la OCDE, los mismo sucede con las empresas nacionales, algunas de ellas filiales o asociadas de Pearson y los instrumentos evaluativos regionales.

No es casualidad del modelo educativo 2016 el énfasis en los aprendizajes clave y la crítica al aprendizaje memorístico ni que la reforma educativa en puerta dé un paso adelante en la educación inicial, inclusiva y con enfoque de género; ambos procesos se relacionan con el proyecto (2014) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para consolidar una nueva generación del informe Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes ahora llamado PISA para el desarrollo en el que se incluye la evaluación estandarizada de la educación inicial, la diversidad, el enfoque inclusivo, así como el desarrollo de las habilidades socioemocionales y del pensamiento crítico.

Si los docentes no construyen un acervo pedagógico crítico, serán presa fácil de esta subjetividad neoliberal, que no sólo se está arraigando en los sectores más institucionales, sino que también empieza a penetrar en las resistencias magisteriales, introduciendo en la formación y las evaluaciones estandarizadas lenguajes plurales, progresistas en apariencia, pero que son parte de una segunda colonización del capitalismo cultural, de la expansión de modelos de producción y distribución industrial de mercancías basados en formas de organización que no necesitan la concentración de los trabajadores ni de su división especializada, sino que demandan formas colectivas o individuales de trabajo aparentemente autónomas, controlables por medios digitales y que requieren de multihabilidades, competencias integrales, desarrollo de liderazgos o la capacidad de poner en acción las diferencias para concretar metas comunes, que siempre culminan en mayores ganancias para la empresa.

Junto a la lucha por los derechos laborales, también resulta necesaria la disputa por una nueva subjetividad docente crítica y liberadora, replantear los proyectos pedagógicos emancipadores frente a los lenguajes que han sido cooptados por el capitalismo y evidenciar que detrás sus propuestas se arraiga la capacitación en competencias para atender las formas de reorganización de la explotación; no hay manera de adaptarse, no existe opción de coincidir: las escuelas, los docentes, los estudiantes y los procesos educativos, no son empresas de particulares, no son datos, no son mercancías sino un conjunto de instituciones, personas y relaciones humanas para desarrollarse en plenitud, para construir saberes y constituirse en formas de vida libres de cualquier tipo de explotación.

Feminismos contemporáneos

Volante 15 de mayo MORESI

,marcha 15 de mayo toluca