Unidad Socialista
Los
terremotos de septiembre
Manuel Aguilar Mora
Los terremotos del 7 y el 19
de septiembre, con sus múltiples réplicas que siguen todavía en estos días, han
sacudido a México desde sus profundidades telúricas hasta sus cimas políticas,
marcando un nuevo hito en la turbulenta historia de estos últimos años de una
sociedad abrumada por la violencia, la corrupción y la decadencia de su régimen
económico y gubernamental. Sucede como si la madre naturaleza, en su dinámica
imprevisible para los animales sociales, contribuyera para advertirle a éstos
que el punto cúspide de una crisis integral se aproxima acelerada e
inexorablemente.
Como se sabe, uno de estos
terremotos coincidió, por esos azares inexplicables, con el aniversario de otro
terremoto, el del 19 de septiembre de 1985, que también sacudió al país desde
sus cimientos telúricos y políticos. Todas las señales indican que de nuevo en
esta ocasión estamos ante hechos que anuncian convergencias de terremotos
telúricos con cismas políticos aún más decisivos. Aunque las víctimas mortales
en esta ocasión han sido menores contándose en centenares en comparación con
las miles de hace 32 años, las devastaciones, así como sus Consecuencias sociales y política
pueden ser tan grandes o aún mayores que en ese año.
Del simulacro a la
devastación
Precisamente el 19 de
septiembre, como todos los años desde 1985, a las once horas se realizó el
simulacro para preparar a la población en el caso de un temblor. Poco más de
dos horas después del simulacro dichas medidas debieron ser puestas en práctica
en setenta segundos de tiempo real que duró el sacudimiento de 7.1 de la escala
Richter cuyo epicentro estuvo en el estado de Morelos a 100 kilómetros al sur
de la ciudad de México. Así en el espacio de dos semanas, dos temblores que
afectaron al centro y el sur del país, cuyas devastadoras consecuencias se
calculan en decenas de miles de millones de pesos, han puesto al país en estado
de emergencia y producido una movilización social sin precedentes. Se calcula
que sólo minutos después del segundo terremoto, más de un millón de personas,
abrumadoramente jóvenes, salieron a las calles de la ciudad de México a ayudar
a los damnificados, a salvar y rescatar vidas apresadas en los escombros,
preparar y trasladar comida, formar cadenas humanas para resguardar inmuebles o
llenar trailers con los víveres, medicinas y ropa acumulados
en los centros de acopio y ayuda en un espacio que abarca prácticamente la
mitad de la ciudad de México afectada: las delegaciones de Cuauhtémoc, Miguel
Hidalgo, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac e
Iztacalco, asentadas en gran parte del territorio de lo que era el antiguo lago
de Texcoco. Movilización que chocó de inmediato con el aparato institucional
corrupto y torpe de las autoridades federales así como de las
provenientes de los partidos gobernantes principales en la ciudad, el PRD y el
PAN e incluso balconeó al nuevo partido de López Obrador (AMLO) que aspira a
gobernar la enorme metrópoli Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), que
encabeza ya varias delegaciones de la ciudad y cuyos representantes (en
especial los delegados de Xochimilco y de Tláhuac) no se comportaron de modo
diferente que los líderes panistas o perredistas de las demás delegaciones. Por
parte de la población de a pie la suya fue una experiencia sorprendente de
organización espontánea, eficaz y rapidísima. Los comentaristas no han
escatimado adjetivos para definir esta movilización “espontánea” (las comillas
porque hay, como se ha dicho, una memoria histórica que se extiende hasta 1985)
como una formidable experiencia del espíritu de solidaridad, generosidad y
altruismo de los ciudadanos, en especial de los jóvenes.
En los estados vecinos de
Morelos y Puebla, también afectados por el temblor, cientos de miles hacían lo
mismo. Antes, durante el terremoto del día 7 que afectó ante todo a Chiapas y
Oaxaca y en menor medida a la ciudad de México, se había mostrado la torpeza y
lentitud de las autoridades federales y estatales superadas ante la magnitud de
los siniestros por la movilización ciudadana.
A diferencia de 1985,
la devastación actual no se concentra principalmente en la ciudad de México,
sino que se ha expandido a una amplia zona del centro y el sur del país.
Ciudades y muchos pueblos de Morelos, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas,
Tabasco y el sur del estado de México principalmente han presenciado desastres
mayores, como Jojutla, Morelos una ciudad muy cerca del epicentro del temblor
del 19 de septiembre, en donde más del 60 por ciento de sus 50 mil habitantes
están damnificados. Oaxaca y Morelos dos de los estados más afectados cientos
de miles de habitantes padecen una u otra consecuencia de los sismos, decenas
de miles de viviendas dañadas, cientos de caminos y puentes perjudicados y el
50 por ciento de las escuelas en malas condiciones, sin contar con los
edificios de gobierno, hospitales e iglesias con serias afectaciones o de plano
destruidos. En la región de la Mixteca que se adentra en los estados de Oaxaca,
Puebla y Guerrero hay pueblos en los que hasta el 90 por ciento de las
viviendas se vinieron abajo: Pilcaya, Ayoxuxuxtla, etc. En Chiapas, otro de los
estados sureños muy dañados, hay más de 55 mil viviendas afectadas, de las
cuales más de 17 mil se han colapsado por completo e igualmente la
infraestructura ha sufrido serios daños: hospitales, escuelas, carreteras,
gasolineras, puentes, tiendas de autoservicio, estaciones de camiones,
iglesias, edificios de gobierno.
A estos pueblos y ciudades
arrumbadas en las sierras y valles más lejanos y marginados la “ayuda” oficial
no ha llegado todavía y en algunos ha llegado sólo para que el presidente y sus
cercanos se tomen la foto y hagan las promesas que no cuestan nada. E incluso
han sucedidos casos escandalosos de autoridades que descaradamente obstaculizan
la llegada de la ayuda independiente de la sociedad civil a los damnificados.
El más destacado ha sido el protagonizado por la esposa del gobernador
perredista de Morelos Graco Ramírez, quien literalmente secuestró y llevó a las
bodegas del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) que ella dirige los
materiales de acopio enviados en trailers desde Michoacán para entregarlos
directamente a los damnificados del estado. A pesar de la complicidad del
duopolio televisivo por completo al servicio del poder federal, ha habido
órganos de prensa y los reportajes de algunos canales televisivos y
radiodifusoras no vinculados a Televisa ni a TV Azteca, que están informando
ampliamente de este fenómeno social que la revista Proceso (24
de septiembre de 2017) ha definido en su portada con la frase “la sociedad
rebasa al gobierno”.
Es evidente la desproporción
que existe entre las tareas de reconstrucción nacional que enfrenta el país y
los instrumentos a disposición de un gobierno impotente. No es sólo un problema
financiero, que por supuesto también lo es, como se verá. Es un problema de
clase, es un problema del personal humano en concreto que ocupa la dirección de
una estructura de poder que está ligada estrecha y fuertemente al mecanismo de
servir a las necesidades del capitalismo. Para esta estructura de poder la
asistencia social, la salud y educación de la población y la reconstrucción de
la infraestructura, en especial de las regiones marginadas, son tareas
simplemente inconcebibles dentro de sus planes y funcionamiento.
La vitrina de la ciudad de
México
En la ciudad de México,
aunque también de forma tardía, los gobiernos federal y local intervinieron con
más contundencia para controlar la situación, encontrándose también con más
resistencia de parte de la marea humana que justamente reclamaba, ante el
ninguneo de las fuerzas oficiales represivas, su prioridad por haber llegado
primero a las tareas de ayuda y acopio. El ejército, la Marina y la policía
federal fueron los cuerpos designados por el poder para intervenir en el
siniestro y su actuación conflictiva realizada en el escenario de una ciudad
ocupada por miles de periodistas nacionales y extranjeros, se hizo más notoria.
Mucha experiencia también los cuerpos represivos han aprendido de las lecciones
de 1985, pero aun así fue difícil que no enseñaran el cobre. Una ciudad que es
la vitrina principal del sistema imperante y en la cual la concentración de la
población, de los servicios de todo tipo y de la masa crítica son los mayores
del país, es donde se desarrolla con más claridad la contradicción entre la
necesidad de canalizar de manera efectiva los recursos del Estado y la
estructura de un gobierno fundamental y esencialmente autoritario y represivo
que es incapaz de asumir la tarea de satisfacer las necesidades de una
población afectada por las terribles circunstancias producidas por los
terremotos.
De nuevo se pueden citar
muchos casos de esta contradicción que se convirtió en auténtico choque en
varias ocasiones, por ejemplo, cuando el secretario de Gobernación Osorio Chong
se apersonó en el edificio colapsado de una fábrica de costureras de la colonia
Obrera y fue abucheado por la multitud y debió retirarse rápidamente.
Los habitantes de San Gregorio, Xochimilco,
corrieron a gritos y golpes al delegado Avelino Méndez de la zona
El otro ejemplo
sobresaliente del caótico comportamiento del contubernio de las autoridades más
altas con Televisa fue el escandaloso caso de una niña “Frida Sofía”
supuestamente atrapada en las ruinas del colegio Enrique Rébsamen en el
sur de la ciudad. La televisora sobredimensionó la tragedia durante dos días y
las autoridades de la Secretaria de Marina debieron reconocer que esa niña
nunca existió. Las repercusiones del desprestigio y frivolidad de la conducta
de las autoridades y los medios como Televisa fueron enormes y se hicieron
patentes incluso al nivel internacional. La combinación entre el despertar
ciudadano masivo que
representa esta movilización popular y la vocación y estructura
antidemocráticas y represivas del Estado mexicano es potencialmente explosiva,
y ya se pueden apreciar signos muy evidentes de tal situación.
El cisma político que viene
También en septiembre, días
antes de los temblores, el Instituto Nacional Electoral
(INE) declaró el inicio formal de los procedimientos de las numerosas campañas
electorales de 2018, muy principalmente de la campaña por la presidencia de la
República. Por su parte, el sexenio del gobierno de Peña Nieto entró en su año
final con un informe anual propagandizado con millones de spots en
publicaciones, medios radiofónicos, televisivos y cinematográficos en una orgía
de miles de millones de pesos de promoción de la imagen presidencial como
literalmente jamás se había presenciado, los cuales se añaden a los 34 mil
millones ya gastados en publicidad en sus primeros cuatro años de gobierno.
Como si la publicidad de éste estuviera en una relación inversamente
proporcional a su popularidad y aprobación ciudadanas.
Y para que la decadente
democracia (burguesa) mexicana no se quedará atrás en proporcionar escándalos
políticos patéticos también se anunció finalmente durante este mes la formación
de un Frente Ciudadano con los dos partidos de oposición sistémica
tradicionales, el PAN de la derecha y el PRD de la “izquierda” (insisto,
sistémica), a los que se une el pequeño Movimiento Ciudadano (MC). Una
coalición de dimensiones oportunistas colosales basada en fundamentos por
completo electoreros que aspira a lograr en 2018 una votación que supere el
tercio de la votación total que le ha correspondido al PRI en las últimas
elecciones presidenciales y que pueda desbancar del primer lugar que le dan la
mayoría de las encuestas al partido de AMLO. Se preparaban los partidos
burgueses para su contienda clave de las elecciones presidenciales de 2018 con
la perspectiva de que un PRI debilitado y desprestigiado como nunca antes las
pierda. Y entonces vinieron los otros temblores.
Los terremotos telúricos ya
han sido factores fundamentales de cambios políticos. Así lo hicieron en 1985
con los planes políticos de los partidos del establishment burgués
gobernante. Las consecuencias del terremoto de ese año maduraron durante cierto
tiempo que llegó sin tardanza: en 1987 se dio la primera ruptura importante del
PRI en décadas con el surgimiento de la Corriente Democrática de Cuauhtémoc
Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo que unida con otros partidos y corrientes,
incluida la proveniente del antiguo partido comunista y otros grupos
“revolucionarios” y reformistas de todo tipo, participó en las elecciones
presidenciales de 1988, propinándole al PRI una importante derrota política (y
muy probablemente electoral que se escamoteó con un fraude del sistema de
conteo). De esta experiencia surgió el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y el inicio de su trayectoria de integración al sistema imperante como su
flanco “izquierdo” en una senda que fue atravesando por varias estaciones: en
1997 la victoria de las elecciones de la jefatura de gobierno del Distrito Federal,
después la victoria en varias estados y un protagonismo cada vez mayor con su
bancada de diputados hasta llegar a la culminación de un giro completo a la
derecha en 2017 primero con su alianza con el PRI de Peña Nieto en el Pacto por
México y ahora con su alianza con el PAN, el tradicional partido conservador,
en el Frente Ciudadano antes mencionado. Todo un ciclo ha terminado y estamos
entrando en los umbrales de uno nuevo de la política nacional abierto también
de nuevo con movimientos telúricos.
No es posible creer que del
vientre caduco de un régimen de partido único de facto que fue el bonapartismo
mexicano durante más de seis décadas haya podido surgir una verdadera
democracia (ni siquiera burguesa). La transición “democrática” del 2000 no
significó el surgimiento de un sistema realmente democrático, transparente y
con raíces populares profundas, más bien fue la continuación de las mismas
prácticas, ahora efectuadas por un PAN cínico y tan corrupto como el PRI como
fueron los gobiernos de Fox y Calderón. La cúpula gobernante simplemente amplió
algo su espacio a los capitalistas provenientes de los sectores conservadores
que habían estado marginados del poder. Pero cuando volvió el PRI, el gobierno
de Peña Nieto agotó sus posibilidades, sólo puede ganar con fraudes gigantescos
y con la complicidad de los demás partidos “opositores” (en especial el PAN y
el PRD) como se demostró con motivo del Pacto por México.
Después de 1985 el
país presenciaba la puesta en práctica de la estrategia neoliberal que llevó a
la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados
Unidos, Canadá y México y lo que siguió fue la reacción campesina contra este
hecho que fue la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en
1994. Han sido 32 años los que pasaron de un 19 de septiembre de 1985 al
actual, tres décadas que han transformado drásticamente al país. Hoy el TLCAN
también está siendo puesto en duda, pero no por fuerzas populares, sino por el
mismísimo inquilino de la Casa Blanca.
Los actuales terremotos no
van a tardar años en impactar al mundo de la casta política dominante y al de
la lucha política en general. Los dos sexenios panistas y ante todo el actual
sexenio priista agonizante de Peña Nieto con su
corrupción gigantesca, con
la violencia desatada, con el estancamiento económico, con su servilismo ante
Washington tiene nombres propios: Ayotzinapa, el gasolinazo, las “reformas
estructurales”, los cientos de desaparecidos tanto por la violencia criminal de
los carteles como la del Estado, los fraudes electorales y la impunidad
proverbial. Un sentimiento muy extendido de hartazgo con el régimen político,
sus partidos, sus personeros es notorio cuando en cualquier manifestación no
tarda en surgir el grito de “¡Fuera Peña!”. Es en este suelo fertilizado por
desastres colosales que la madre naturaleza está impulsando a cientos de miles,
de millones de mexicanos y mexicanas a pensar más políticamente. Y en la
coyuntura tradicional sexenal de las elecciones presidenciales del año próximo,
las señales indican que este pensamiento será mucho más crítico que nunca.
El síntoma indudable de esta
situación de hartazgo de la conciencia nacional con respecto al sistema
político vigente surgió en forma evidente en estos mismos días. La pregunta no
se hizo esperar ¿dónde están los partidos? Hasta los órganos de prensa más
conservadores como El Universal la hacían en sus páginas
editoriales y constataban su ausencia en las labores multitudinarias de los
rescates y la movilización reconstructora. Y surgió intempestivamente de la
turbulencia y la agitación en las redes sociales la otra pregunta que millones
se hacían incluso antes de los sismos: ¿cómo es posible que en un país con
tantas necesidades exista un sistema de partidos con una abundancia casi
obscena de recursos que ni siquiera los tienen los países más ricos? Y de forma
natural un millón y medio de firmas en menos de dos días tomaron por asalto las
redes sociales con una plataforma de movilización social Change.org, exigiendo
a la casta política mexicana renunciar a sus sueldazos y ricas prerrogativas
presupuestarias y destinarlos a la reconstrucción y el auxilio a los
damnificados. La presión social fue formidable e imposible de eludir y los
líderes partidarios no
tardaron en reaccionar para
no ser aún balconeados como insensibles ante la tragedia nacional.
Y entonces vino el show de
la retórica partidista. AMLO fue el primero que pujó con el 20 por ciento de
las prerrogativas de Morena para los damnificados. Después el presidente del PRI
subió la puja al 25 por ciento de los recursos anuales del partido en la
campaña del año entrante. Tres días después del terremoto del 19 los tres
dirigentes del Frente Ciudadano (el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano)
plantearon la eliminación al ciento por ciento de todos los recursos de todas
las fuerzas políticas. “Que los partidos sean sostenidos por sus miembros y
simpatizantes”, declararon. Lorenzo Córdova, el presidente del INE, después de
rechazar primeramente la propuesta como “jurídicamente improcedente”,
reconsideró que sí existen los mecanismos jurídicos viables para que los
partidos puedan destinar los recursos que reciben del Estado para apoyar a los
damnificados de los sismos. En resumen, la movilización masiva puso frente al
paredón de la crítica implacable a todo ese aparato multimillonario que ha
erigido el poder de la burguesía para proteger y preservar sus privilegios
políticos. Una “democracia cada vez más cara y al mismo tiempo cada vez menos
representativa de las necesidades y demandas de la gente. Eso es lo que significa
el INE, la matriz corrupta que nutre a todos los partidos “registrados” y que
hoy se encuentran en su peor momento, situación que anuncia un cambio político
de dimensiones históricas.
Un cambio que entre otras cuestiones
tendrá que abordar la de las nuevas formas del mantenimiento de los partidos,
pues es evidente que las formulaciones al bote pronto de los actuales
dirigentes de los partidos “registrados” no están fundadas en reflexiones
democráticas profundas, sino que responden al oportunismo del momento y vienen
como anillo al dedo a los sectores burgueses, los cuales son los que tienen los
recursos abundantes para hacer los “donativos” a los partidos. Ciertamente
entregar al capital formalmente el quehacer político del país no es la
alternativa adecuada a la corrupción estatal que representa el INE. Será
necesario realizar la educación requerida para que una concientización popular
se involucre en la política y permite el surgimiento de poderes populares, proletarios.
La reconstrucción como
negocio
México es un país en
completa crisis que debe ser reconstruido. El debate sobre la estrategia de la
política para levantar la sociedad y la economía nacionales será más que nunca
el tema determinante de la acción política del próximo futuro. El año de 2018
será un año clave: las discusiones, las propuestas girarán en torno a la
reconstrucción de México: física, política, moralmente. Una reconstrucción
integral que ponga un punto final a la tendencia actual de profunda
descomposición social. En el escenario oficial del INE, de los partidos
burgueses dominantes y de la estructura del poder capitalista no están las
fuerzas, ni las ideas capaces de emprender esas tareas. El Fondo Nacional para
Desastres Naturales (FONDEN) tiene 6 mil millones de pesos, a los que se
añadirían 3 mil millones más en 2018. En cambio, sólo las prerrogativas de los
partidos para el 2018 suman 6 mil 788 millones de pesos. Las diferentes
agencias especializadas en calcular los daños de siniestros como los terremotos
consideran que los costos de los producidos por los terremotos de septiembre
están entre 4 mil y 8 mil millones de dólares o sea el costo de la
reconstrucción de los daños provocados por los terremotos es más de diez veces
mayor en promedio al monto destinado al FONDEN.
Ayer Peña Nieto convocó en
Los Pinos a una reunión para tratar la cuestión de la reconstrucción del país
que es el tema que sobredetermina en estos momentos la agenda de las
discusiones y los planes de las fuerzas sociales, culturales y políticas.
¿Quiénes fueron sus invitados? Carlos Slim, Emilio Azcarraga (Televisa),
Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca), Juan Pablo Castañón (presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, organismo que agrupa a todas las organizaciones
patronales del país) entre otros o sea la cúpula de la oligarquía dominante del
dinero, quienes estuvieron acompañados por sus servidores y cómplices políticos
los gobernadores priistas y perredistas del Estado de México, de Oaxaca,
Guerrero, Chiapas, Puebla, Morelos y Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno
de la ciudad de México. Necesariamente el plan propuesto del poder político a
los auténticos amos de México incluye los proyectos y las ofertas de obras,
servicios, construcciones de toda índole en donde invertir sus capitales con
buenos márgenes de ganancia. En suma, la reconstrucción del país como negocio.
En esos planes no habrá nada sobre la reforma fiscal tan urgentemente necesaria
para un país de las dimensiones de México convertido en un auténtico paraíso
para el gran capital, del no pago de una deuda externa que se lleva una parte
sustancial del presupuesto nacional que creció exponencialmente en el actual
gobierno de Peña, de la disminución del gasto en armamentos y en
infraestructura militar, de la suspensión del proyecto faraónico y destructor
del medio ambiente del aeropuerto de Texcoco, de un plan de choque de obras
públicas contra el desempleo que implique la reconstrucción y reparación de
hospitales, carreteras y puentes, escuelas, edificios públicos, iglesias y en
general la infraestructura tan dañada del país. En cambio, sin duda si fueron
enterados de las propuestas presupuestales para 2018 que implican el castigo a
los programas prioritarios dirigidos a la población más pobre del país: Seguro
Popular, abasto social de leche Liconsa, Prospera, programas de becas y de
educación indígena, entre otros.
Después de 1985, en la
ciudad de México, el escenario principal del temblor, ya se vio que las buenas
intenciones no bastaron para impedir y revertir la tendencia de la
concentración macrocefálica que hace de la ciudad de México y el espació
conurbano del Estado de México adjunto un asentamiento que está próximo a
llegar a los 30 millones de habitantes, la cuarta parte de la población nacional.
Esta tendencia enfermiza de concentración de servicios de todo tipo en la macro
metrópoli también se ha demostrado ser una de las causas más importantes de las
terribles consecuencias del terremoto: los miles de edificios dañados o
destruidos irreparablemente. La proverbial voracidad del capital inmobiliario
fue nutrida por los gobiernos perredistas (y en algunas delegaciones con la
complicidad de los panistas, como en la Benito Juárez) con sus políticas
displicentes y corruptas que permitieron la construcción sin reglamentos
rigurosos, sin atención a la calidad de materiales de miles de mal construidas
viviendas y edificios de todo tipo. ¿Serán estas constructoras las encargadas
de la reconstrucción del país? ¿Las que construyen los pasos express que se
desploman en socavones? ¿Las constructoras mexicanas, españolas y canadienses
de la Línea 12 del metro de la ciudad de México cuyas deficiencias de
construcción han obligado varias veces a suspender su servicio en grandes
tramos? Basta citar estos casos para apreciar el desafío a venir.
Hacia un Consejo de
Reconstrucción Nacional
Los sismos han hecho que la
brecha que separa al gobierno de la sociedad civil, de los estudiantes, de las
mujeres que luchan contra el feminicidio y de los trabajadores abrumados por
los salarios de hambre y el desempleo se ensanche más que nunca. En tales
condiciones participar en las instituciones caducas y de hecho moribundas de
una democracia (burguesa) decadente y con una deriva cada vez más autoritaria
es actuar a contrapelo de las masas que buscan una alternativa afuera y contra
el actual régimen político, que supere el comportamiento de sus partidos, sus
dirigentes, su ideología, en suma, a su política de corrupción, represión,
cinismo y desvergüenza. Toca a las fuerzas nuevas movilizadas durante esta
crisis de los terremotos, toca al movimiento por los damnificados, toca a los
sectores de trabajadores cada vez más explotados y oprimidos y toca a una
juventud cada vez más comprometida sacar con todas sus fuerzas el impulso y la
imaginación requeridas para forjar el frente revolucionario que marque el paso
de la verdadera reconstrucción del país: democrática, igualitaria,
independiente, feminista, internacionalista, en síntesis, socialista.
El escenario para las
campañas electorales de 2018 cambia sustancialmente ante las dimensiones de
estos hechos. La campaña presidencial será la de la continuación del poder
corrupto, represivo y vendepatria de los partidos “registrados”: en breve el
ciclo sexenal tradicional para que todo vuelva a ser lo mismo, al mantenimiento
del sistema capitalista. A ese poder corrupto, la fuerza masiva popular
que anuncian las movilizaciones producidas estos días debe oponerle el poder
renovador, insurgente, libertario, democrático e independiente que emprenda la
estrategia de la reconstrucción del nuevo México dentro de pautas
necesariamente anticapitalistas, socialistas. Los acontecimientos presentes
anuncian un cambio del quehacer político que incide por supuesto en los
objetivos electorales. Será muy difícil, una empresa contra la corriente masiva
cada vez más poderosa, convencer a la población de que el cambio puede venir
con un voto arrojado a las urnas un día y después retirarse a sus casas a
esperar lo que venga. La participación en elecciones controladas por el INE no
tiene ninguna perspectiva de éxito para la causa de la emancipación popular. En
2018 hay que enfrentar al poder de la burguesía y su gobierno con el poder
libertario e independiente de la auto-organización, de la independencia
proletaria y de las perspectivas internacionalistas. La fuerza electoral del
Consejo Nacional Indígena apoyada por el EZLN que se concentra en la candidata
mujer indígena Marichuy no puede eludir esta situación. Es de esperarse que
sabrá adaptarse a las nuevas condiciones que señalan a las fuerzas
revolucionarias sus tareas de creación de un nuevo poder independiente
alternativo al de la burguesía. El tiempo corre aceleradamente y las
definiciones no pueden tardar más.
La estrategia de las fuerzas
y grupos democráticos y socialistas debe ser la de agruparse en un frente de
acción que potencie su capacidad crítica en foros y proyectos conjuntos
incluidos los organizativos. Sus dimensiones reducidas están compensadas con
sus actividades independientes y sin mancha de corrupción y violencia y tienen
el enorme potencial que representa su reivindicación de un verdadero programa
de ruptura, revolucionario, feminista, medioambientalista e
internacionalista que puede comenzar a materializarse con la convocatoria de un
CONSEJO NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN que agrupe a todas las fuerzas, corrientes,
sindicatos, organizaciones que se mantienen independientes y con la vocación
firme de forjar la transformación radical de México, su transformación
socialista, única alternativa que permitirá que nuestro pueblo trabajador y
todos los sectores explotados y oprimidos
del país dejen de precipitarse sin remedio por el abismo de violencia,
corrupción, miseria y devastación al que el régimen capitalista vigente nos
está arrojando.
Mientras tanto el 26 de
septiembre los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la
normal de Ayotzinapa, acompañados por los estudiantes de la misma y por miles
de ciudadanos capitalinos realizaron la marcha que desde hace tres años realizan
todos los días 26 del mes en la ciudad de México y en otras ciudades para
denunciar que desde la desaparición de los 43 el gobierno de Peña Nieto se
mantiene en su impugnada versión de la “verdad histórica”, sin ofrecer al país
toda la verdad de lo ocurrido. Los padres se identificaron con las víctimas de
los terremotos en todo el país y convocaron a todos los habitantes de México a
no bajar la guardia y seguir sin tregua en la lucha por justicia y dignidad.
Ciudad de México, 28 de septiembre, a
nueve días del terremoto del 19 de septiembre de 2017
