Universidad autónoma: en la encrucijada
Hugo Aboites*
Bienvenida la corrección que hace el gobierno de AMLO
al subsidio a las universidades y bienvenida también la reducción de sueldos de
los titulares de la UNAM y IPN (aunque no tocan la costosa estructura
burocrática). Son gestos importantes pero no van al fondo de la encrucijada que
hoy vive la educación superior mexicana y, sobre todo, la pública y autónoma.
Por un lado porque, con la promesa de abundante apoyo financiero, en estos
pasados 30 años de políticas gubernamentales se empujó a las universidades a
distanciarse radicalmente del sentido social crítico e incluyente que habían
logrado en los años 60 y 70. Siendo públicas, adoptaron rasgos institucionales
elitistas muy cuestionables: la extrema diferenciación interna de las
retribuciones, la empresarialización de la investigación y la extensión
universitaria, el reforzamiento de los mecanismos de exclusión (exámenes
Ceneval o propios), las altas colegiaturas.
Multiplicar en todo el país o
incluso fortalecer este modelo tal como está, no parece ser una opción para el nuevo
gobierno. No sólo por razones financieras –en algunas
los sueldos son desproporcionadamente altosdice la SHCP ( La Jornada,18/12/2018)– sino también porque el ser estructuralmente indiferente ante los jóvenes excluidos y cobrar por estudiar, tiene tintes muy fuertes de un elitismo impropio para una universidad pública de un país como México. Simplemente no
cuadrancon la idea de educación superior que requiere un país en pobreza y con escaso desarrollo. Sin embargo, los titulares de las instituciones parecen no leer o a asimilar las implicaciones que ahora hace visibles la nueva administración y continúan en la estrategia de pedir más y hacer algunas declaraciones de austeridad. No hay respuestas a lo que son cuestionamientos de fondo y que obligarían a cambiar las estructuras actuales de la universidad, en el acceso, la gratuidad, la distribución de los recursos, la vocación social.
Por lo pronto la nueva
administración ya está en proceso de crear no autónomas, sino 100 universidades
concebidas como escuelas gubernamentales públicas, gratuitas, sin examen de
selección, en todo el país. ¿Es esta una manera de decir que son estas escuelas
la mejor respuesta posible a los cientos de miles de jóvenes excluidos en todo
el país, las necesidades de conocimiento de las comunidades y regiones, los
requerimientos de austeridad y eficiencia financiera y también de conducción
austera y tersa? Si así fuera, se implicaría que las universidades quedarían
aparte –como se pretendió en 1992 con la creación de 100 universidades
tecnológicas. Serían nichos de calidad elitista y de investigación, para una
fracción de las y los jóvenes de familias más favorecidas, pero –como probó la
historia y ahora parece repetirse– carentes de recursos suficientes y con nulas
posibilidades de ser el referente de la educación superior y multiplicarse. De
hecho, a partir de ese 1992 ya no se crea una sola autónoma adicional en el
país (salvo la de Ciudad de México) y el actual modelo universitario
ciertamente no forma parte central del discurso gubernamental sobre educación.
Sin embargo, es claro que el actual gobierno no piensa sólo en crear un nuevo
modelo universitario y dejar a un lado al resto. De hecho, propone cambios
estratégicos para toda la educación superior, en los que cabe perfectamente la
universidad pública autónoma, y que pueden darle una base para convertirse y
ser reconocido como lo que es, un elemento estratégico (libertad y autonomía)
para la educación superior del país. El planteamiento contextual se encuentra
en las declaraciones presidenciales que se refieren a la desesperanza de los
jóvenes sin empleo y sin escuela, a la educación que responda a las regiones y
comunidades y que sea sustento a un desarrollo económico propio de la nación.
En concreto, se propone una modificación
constitucional que cambiaría en algo sustancial el actual modelo neoliberal de
la pública autónoma. De acuerdo con la iniciativa de modificación del tercero
constitucional ya en la Cámara, toda la educación superior sería gratuita y
obligatoria. Se removerían así dos obstáculos fundamentales para la apertura de
la universidad pública y autónoma a las mayorías del país y, con eso, podría
colocarse en un nuevo horizonte social, muy distinto al de estas pasadas tres
décadas. La respuesta a la situación actual, no corresponde sólo a los
rectores, debe surgir de una convocatoria muy amplia a las comunidades
universitarias a discutir con los titulares qué hacer para el futuro de la
universidad.
P.S. La Belisario Domínguez,
distinción muy merecida a Carlos Payán y a todos los jornaleros. Por crear y
mantener un espacio para escribir y discutir cada día y desde hace casi 40 años
la historia de los agravios y esperanzas de este país.
*Profesor-investigador
UAM-Xochimilco
